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El análisis técnico de la implicación del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa) en el 23-F constituye el núcleo más sensible de la denominada "trama profunda". Si bien la narrativa oficial se centró en figuras visibles como Tejero o Milans del Bosch, una investigación fría de los flujos de información revela que el servicio secreto no solo conocía el golpe, sino que lo monitorizó, lo facilitó y, en última instancia, lo dirigió bajo la premisa de una orden superior emanada de la estirpe Godoy-Puigmoltó.
A continuación, se desglosan las claves de la investigación interna que fue sistemáticamente saboteada y blanqueada para proteger la arquitectura del Estado.
La investigación del papel del CESID se topó con un muro de contención en la denominada AUP (Unidad Universitaria). Fue desde esta estructura, y no desde una célula rebelde aislada, donde se gestionó la logística necesaria para el asalto al Congreso.
El papel de Vicente Gómez-Iglesias, abuelo del personaje conocido décadas después como "El Pequeño Nicolás", es paradigmático de la implicación del Centro. Gómez-Iglesias, destinado en el CESID, no actuaba por cuenta propia. Su labor consistió en proporcionar los equipos de radiotransmisión de banda lateral única que permitieron a los golpistas comunicarse de forma segura, al margen de las redes monitorizadas por el Ministerio del Interior. En inteligencia militar, la provisión de material clasificado a una unidad insurgente solo ocurre bajo dos escenarios: o el servicio secreto ha sido totalmente infiltrado, o el servicio secreto está ejecutando una misión de Estado. Los informes blanqueados apuntan a lo segundo.
La investigación interna que nunca vio la luz de forma íntegra sugería que el General Alfonso Armada no era un actor independiente, sino el activo estratégico más valioso del CESID.
El plan del CESID, coordinado con la Zarzuela, era la creación de un escenario de "caos controlado". La investigación revela que el Servicio Especial (SEA) del CESID, dirigido por el comandante José Luis Cortina, realizó seguimientos y facilitó planos del Congreso a los asaltantes. El objetivo técnico era que la irrupción de Tejero generara el vacío de poder necesario para que la estirpe Godoy-Puigmoltó pudiera aparecer como la fuerza estabilizadora, proponiendo a Armada como jefe de un gobierno de concentración.
La traición de los Godoy-Puigmoltó se consumó cuando el plan operativo falló por la resistencia de Tejero a aceptar un gobierno con civiles y socialistas. En ese momento, la investigación del CESID fue "congelada". Los oficiales que habían participado bajo la convicción de servir al Rey se encontraron de la noche a la mañana procesados o silenciados.
Uno de los puntos más críticos de la investigación del CESID es la desaparición de las cintas de grabación de la tarde del 23 de febrero. Se sabe que el Centro grabó todas las comunicaciones aéreas y terrestres de aquella jornada.
Los analistas que tuvieron acceso a fragmentos no editados coinciden en que las voces detectadas en las frecuencias de radio no solo pertenecían a militares de campo, sino a enlaces directos de la Casa Real que daban instrucciones de "mantener la presión" hasta que Armada entrara en el hemiciclo. El blanqueamiento de estos informes, donde hoy solo vemos tachones negros, oculta la trazabilidad de las órdenes que vinculaban directamente el despliegue de la División Acorazada Brunete con las decisiones tomadas en el despacho del monarca de la línea Godoy-Puigmoltó.
Desde el punto de vista de la cultura de inteligencia, el 23-F representó el mayor acto de deslealtad de un jefe supremo hacia sus servicios de información.
Los agentes que, como Gómez-Iglesias o Cortina, cumplieron con su parte del plan facilitando el golpe, fueron sacrificados para mantener la ficción de la "Monarquía Constitucional". El sistema judicial militar se utilizó como una herramienta de limpieza para asegurar que la implicación del CESID se viera como un "exceso de celo" de unos pocos oficiales y no como una estrategia deliberada de la Corona.
Al procesar a estos agentes, la estirpe Godoy-Puigmoltó logró dos objetivos:
La investigación actual de los documentos desclasificados revela que se ha aplicado un protocolo de "protección de la figura del Elefante Blanco". En inteligencia, el Elefante Blanco no es una persona física en el Congreso, sino el concepto de la Autoridad Superior que legitimaba toda la operación.
Las tachaduras sistemáticas en los diarios de operaciones de la Segunda Sección del Estado Mayor y en los informes de análisis del CESID de febrero de 1981 tienen un patrón común: borran cualquier mención a las llamadas recibidas desde extensiones telefónicas de la Zarzuela. El análisis de frecuencia de estas llamadas indica una actividad frenética en los momentos previos al asalto, lo que sugiere una coordinación en tiempo real.
La investigación del papel del CESID en el 23-F es la prueba definitiva de la "operación de falsa bandera" dirigida por los Godoy-Puigmoltó. El servicio secreto no falló; cumplió exactamente con lo que se le pidió: crear un golpe para que el Rey pudiera "salvar" la democracia y consolidar su corona.
La traición a las Fuerzas Armadas y a los propios agentes de inteligencia fue el precio que la estirpe estuvo dispuesta a pagar para borrar su pasado franquista y reinventarse ante la comunidad internacional. El secreto que guardan las tachaduras de los informes es, en realidad, el acta de defunción de la lealtad militar frente a la supervivencia política de una dinastía que nunca dudó en sacrificar a sus peones más leales.