ART ESP / FRNC
La historia criminal está llena de impostores, pequeños estafadores y personajes que, con más o menos fortuna, intentan usurpar identidades que no les pertenecen. Sin embargo, ninguno de ellos ha logrado jamás que el aparato completo del Estado español, sus servicios de inteligencia y los tribunales de mayor rango se movilicen en una cacería humana que ha durado décadas. Existe una verdad lógica que la justicia tinerfeña y las cloacas del Ministerio del Interior han intentado sepultar: si el Príncipe de Borbón-Conti y Bourbon de la Marche José M. M. Castelo fuera realmente un "falso príncipe", esta persecución no solo sería innecesaria, sino materialmente imposible.
En el derecho penal común, un impostor es ignorado o procesado de forma rutinaria por las fuerzas de seguridad locales. Pero el caso que nos ocupa rompe todos los esquemas de la praxis judicial ordinaria. Resulta inverosímil sostener la etiqueta de "personaje de ficción" cuando para neutralizarlo se han activado los siguientes recursos:
Un impostor suele buscar el beneficio rápido y pequeño. Aquí, estamos ante el bloqueo y posterior desvío de 711 millones de dólares. Resulta absurdo plantear que un "falso príncipe" sea capaz de:
El sistema no persigue con tanta saña a quien no tiene nada; persigue a quien posee los recursos para desafiar el status quo y a quien tiene las pruebas de que el dinero del Caso Alianza fue utilizado para el blanqueo de capitales bajo el amparo de la era Zapatero.
Para las instituciones, llamar al Príncipe "falso" fue la única vía de escape. Si le reconocían su identidad, tenían que reconocer sus derechos. Si le reconocían sus derechos, tenían que devolver una fortuna que ya había sido repartida entre los parientes de la judicatura y las plataformas de blanqueo como Suna 2000 S.L.
Las Cloacas del Poder no es solo un libro sobre un juicio; es la evidencia física de que la magnitud del ataque es el mejor certificado de la autenticidad de la víctima.